La Policía ha denunciado a los diputados Rafa Mayoral (Podemos), Yolanda Díaz (Galicia en Común), Antón Gómez-Reino (En Marea) y a la exdiputada Ángela Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad por su participación en las protestas de Alcoa en pasado 28 de marzo, si bien uno de ellos, Rafal Mayoral, optó ayer por no acudir a declarar al juzgado.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha citado al menos a Mayoral y Antón Gómez Reino (este último el día 24 por videoconferencia) a pesar de que ambos son diputados y por tanto aforados ante el Tribunal Supremo, único tribunal que puede investigarlos.

Mayoral estaba citado ayer 18 de septiembre, pero el parlamentario optó por no asistir por considerar irregular su citación, que además coincidía con la celebración del pleno del Congreso.

El diputado ha comparecido en rueda de prensa junto con sus compañeros Antón Gómez Reino, Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez, que también aparecen en las diligencias policiales por su participación en la protesta del pasado 28 de marzo de los trabajadores de Alcoa cerca del Congreso, en las que se produjeron cargas policiales.

La Policía identificó a los cuatro diputados durante las protestas, en las que fue detenido un sindicalista. Según el atestado policial, los diputados arengaron a los concentrados para que saltasen el vallado policial.

En el caso de Mayoral, el atestado policial asegura que no mostró ninguna identificación personal y que participó activamente y de forma reiterada en la rotura del vallado, empujando a los policías, recriminando su acción y arengando a la gente.

La descripción policial de los actos de Yolanda Díaz y Ángela Rodríguez es similar, mientras que en el caso de Gómez Reino, detalla que empujó dos veces a un policía con las dos manos mientras le decía "qué estáis diciendo" o "estamos locos".

Los agentes denunciaron a los cuatro parlamentarios, entre otras personas.

Podemos ha denunciado una "persecución política" por estas imputaciones.

Por ello, los implicados han pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique cómo se ha desarrollado esta causa judicial que consideran irregular.

Mayoral ha incidido en que "todo el atestado es irregular" y ha denunciado que haya unidades policiales que "se dediquen a la persecución de representantes políticos" mientras que Gómez-Reino ha afirmado que se produjo una situación "muy mal gestionada por parte de la Delegación del Gobierno" y "lo que tratamos fue de mediar y dialogar con los trabajadores".

"Creo que la citación de diputados en una causa como esta no hay por dónde cogerla", ha asegurado Rafael Mayoral, que considera que en este caso hay "prácticas contra el sistema democrático".

"Esto en el fondo no deja de ser una amenaza para la gente que quiera participar en política, porque si defienden a la clase trabajadora y se enfrentan a las multinacionales las cloacas del Estado actuarán", ha asegurado el diputado de Podemos, que cree que a nivel procesal es "irregular" desde el primer momento.

Díaz, que según Podemos ha sido imputada junto con Mayoral, Gómez-Reino y con la exdiputada Ángela Rodríguez, ha negado que agrediera a ningún agente de la autoridad durante aquella manifestación a la que también asistió en solidaridad con los trabajadores el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y ha dicho que sin embargo varios de los manifestantes sí fueron "duramente golpeados".

"Decir que he arengado a las masas y que he roto las vallas y que he golpeado a la autoridad es incierto y preocupante. Los trabajadores solo se manifestaron pacíficamente y nosotros no hemos hecho nada de lo que se dice en ese atestado", ha puntualizado.

Además ha mostrado su perplejidad por cómo se ha llevado la causa judicial cuya competencia la tiene que tener el Tribunal Supremo, ya que los diputados son aforados.

Díaz ha insistido en que los diputados investigados "vamos a ejercer la defensa y ayudar a los trabajadores y creemos que debe comparecer Marlaska para que dé cumplidas explicaciones de lo que sucede".

Durante la manifestación del pasado marzo algunos manifestantes intentaron avanzar más allá de las vallas que rodeaban la carrera de San Jerónimo, que fue cortada al tráfico, la policía cargó contra varios de ellos y detuvo a un trabajador que fue puesto en libertad horas después.